Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
Es probable que en el curso de esta semana o de la próxima el
Senado de la República remita a la XXXI Legislatura Estatal que preside el Dip.
Jorge Humberto Segura López el dictamen que aprobó el Sistema Nacional
Anticorrupción a efecto de que sea debatido y aprobado.
De acuerdo a nuestra Máxima Carta Magna es necesario que 17
legislaturas locales lo aprueben para luego sea promulgado por el Presidente
Enrique Peña Nieto y en un plazo no mayor a un año deberá ser debatidas y
aprobadas las correspondientes leyes reglamentarias que determinarán si se
quiere o no combatir a fondo la corrupción y la impunidad de nuestra clase
política.
En nuestra Entidad no creo que habrá mayor problema puesto
que la mayoría de los diputados del Congreso del Estado y el mismo Ejecutivo
Estatal, Roberto Sandoval van en la línea presidencial.
En el resto de las entidades de la república veremos hasta
donde hay disposición de los gobernadores y de los congresos estatales para
aprobar las reformas constitucionales en materia anticorrupción puesto que el
contenido de ellas expresados en el Sistema Nacional Anticorrupción acotará los
márgenes de maniobra de los ejecutivos estatales para desviar los recursos
federales a otras áreas de gobierno que les provee jugosas ganancias que van a parar
generalmente a sus chequeras personales y a la de un minúsculo círculo de
amigos.
En el Sistema Nacional Anticorrupción fue un gran avance el
hecho que a la Fiscalía Superior de la Federación se le hayan ampliado sus
atribuciones en materia de rendición de cuentas.
Con las nuevas normas la fiscalía podrá escrudiñar hasta el
último peso de los recursos asignados a programas sociales y obra pública de
los estados y municipios, sobre todo los que están inscritos en el ramo 33.
Además la fiscalización del gasto federal lo podrá hacer al
día siguiente de que inicie el nuevo año fiscal y no un año después.
En caso de encontrar ilícitos cometidos por alguno de los
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, esto es, municipal,
estatal y federal y de entes autónomos no solo podrán ser inhabilitados del
servicio público y rembolsar lo robado sino que podrán ser sujetos de proceso
penal. Es decir, ahora sí habrá consecuencias de cárcel a quienes infrinjan la
ley.
Otro de los avances en materia anticorrupción es el hecho que
los servidores públicos cualquier sea su jerarquía estarán sujetos a
investigación hasta 7 años. Se pretende con esta medida que no se protejan en
el fuero constitucional para evadir la acción de la justicia. En la norma hoy
vigente se establecía de 3 años.
Por cierto los senadores de la república de todos los
partidos políticos se comprometieron a debatir en el siguiente periodo
ordinario de sesiones si se les quita o no el fuero constitucional a todos los
servidores públicos de representacion popular.
De igual manera quedó para ser debatido en las leyes
secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción la obligatoriedad de hacer
público su declaración patrimonial, la declaración de impuestos y si hay o no
conflicto de intereses.
En el curso de este mes veremos qué tanta disposición existe
de los gobernadores de los estados y de los congresos locales para dar celeridad
a la aprobación de ese nuevo instrumento legal que acotará y castigará a
quienes continúen utilizando los
recursos públicos a discrecionalidad y con ello amasan enormes fortunas de la noche a la
mañana bajo la sombra del poder político…