Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
El hecho que el Consejo General Universitario de la
Universidad Autónoma de Nayarit haya mandatado transparentar sus nóminas de
académicos, trabajadores sindicalizados y empleados administrativos es un
primer paso en el saneamiento de los recursos públicos asignados a la UAN.
A nadie sorprende el sinnúmero de comentarios, unos de buena
fe y otros de mala leche.
Los comentarios más sensatos tienen que ver con la molestia
que causa encontrar en las nóminas a profesores de tiempo completo y que a la
vez desempeñan un cargo público. Este es el caso del actual director general de
los SEPEN, Héctor López Santiago quien cobra en ambos cargos.
Se supone que un profesor de tiempo completo está obligado a
permanecer en la institución ya sea cumpliendo tareas de investigación o
ejerciendo la cátedra, lo que lo obliga en ambas circunstancias a realizar
tareas complementarias tales como otorgando asesorías a sus alumnos,
investigación de campo o documental y
capacitación.
Se justifica Héctor López Santiago que él cumple puntualmente
su tarea durante las primeras horas de las mañanas en su lugar de trabajo.
Esta manera de trabajar la puede hacer cualquier docente que
se le paga por horas- semana-mes, o sea se presentan frente al grupo en la hora
asignada, exponen su tema y luego se van. No les interesa para nada si sus
alumnos aprendieron o no la clase.
Entiendo que los profesores de tiempo completo desempeñan un importante
rol en el proceso enseñanza-aprendizaje que es la de profesionalizar la tarea
magisterial, lo cual implica una responsabilidad que va más allá de su horario
laboral.
En el caso de Héctor López Santiago ocupa más tiempo a su
desempeño como director de los SEPEN que
su trabajo docente de tiempo completo.
No se trata de cubrir número de horas en salón de clases sino
la de ejercer con calidad y eficiencia su trabajo académico.
Es muy usual que este tipo de maestros universitarios que
paralelamente desempeñan cargos públicos sean los más faltistas.
Por esta razón la conveniencia que el Consejo General Universitario
y la rectoría aplicaran una auditoría académica en todas las unidades de la UAN,
sobre todo en las preparatorias en donde desde hace décadas se anida y protege
a charlatanes de la educación.
Basta ver el bajo nivel de aprendizaje de la mayoría de los
preparatorianos.
El otro asunto que está en la picota pública es nada menos
que el fondo de jubilaciones y pensiones. Su análisis depende con el cristal
con el que se mire. Si el interés de algunos es de denigrar ante la opinión pública que esos recursos públicos
que se designan a ese fideicomiso son desviados a otros menesteres, pues
tendrán que demostrarlo con los pelos en la mano y no a partir de la especulación
que se generó por la crisis de liquidez a fines del año pasado.
Si se le considera desde una óptica preventiva es necesario
que se tomen en cuenta todas las variables que posibiliten el buen
funcionamiento del fondo de pensiones, entre otros, que debido a que año con
año se incrementa el número de pensionados y jubilados y, por tales razones son
insuficientes los recursos que hoy administra el fideicomiso.
Ante tal situación pese a los esfuerzos mancomunados de toda
la comunidad universitaria para que la SEP reconozca nuevas plazas será
necesario encontrar nuevas formas de financiamiento para incrementar los
recursos del fondo de pensiones, ya que debido a la creciente demanda
estudiantil urge abrir nuevas plazas que reemplacen a los profesores y
trabajadores en retiro.
Otro factor tiene que ver con la aportación que hacen sus
profesores y trabajadores al fondo de jubilaciones y pensiones, lo cual es
insuficiente.
De no tomar medidas preventivas a mediano plazo se corre el
riesgo que la UAN no pueda pagar en tiempo y forma a sus jubilados y
pensionados…
¿Ya se pagaron
las indemnizaciones a ejidatarios? Hasta el día de hoy no tenemos
noticia de si la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ya liquidó la
correspondiente indemnización a un grupo de ejidatarios que impedían la
continuación de las obras del canal Centenario alegando que no se las ha pagado
el derecho de paso y daños colaterales. ¿Qué dice el titular de la CONAGUA,
David Korenfeld ante tal reclamo?