Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
El día de hoy la mayoría de las universidades en el país
realizarán diferentes manifestaciones públicas en solidaridad con los
estudiantes normalistas y padres de familia de Ayotzinapa, Guerrero en demanda
que las autoridades estatales y federales localicen el paradero de 43
estudiantes secuestrados por la policía municipal de Iguala y Cocula,
hechos ocurridos el 26 y 27 de
septiembre de este año.
Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit no
podían quedarse atrás de esos trágicos acontecimientos. Los universitarios
nayaritas convocaron a un plantón de estudiantes de 24 horas frente a las
oficinas de la Secretaría de Gobernación localizadas al oriente de esta
capital.
Si bien Nayarit es uno de los lugares más seguros en el país
eso no quiere decir que permanezcamos ajenos a lo que ocurre en otras entidades
en donde la violencia del crimen organizado tiene en jaque a las autoridades
civiles y militares.
Los hechos trágicos ocurridos en Iguala, Michoacán,
Tamaulipas, Estado de México y Jalisco ponen en evidencia la fragilidad de
nuestras instituciones, sobre todo en los municipios más pobres en donde sus
autoridades o son presionados para que dejen operar con impunidad a las bandas
criminales u operan en complicidad con ellas para hacerse de dinero mal habido.
Y lo que es peor, que sean los mismos partidos políticos los
que los abanderan como sus candidatos a presidentes municipales como es el caso
de Iguala en donde el PRD avaló la candidatura de José Luis Abarca quien por
cierto fue aprehendido finalmente en una colonia popular de la delegación
Iztapalapa del Distrito Federal. Esta misma situación la viven otras entidades
del norte de la república gobernadas por el PRI y el PAN.
La irritación popular he llegado a tal grado que obligó a los
tres partidos políticos más importantes en el país, PRI, PRD y PAN al lado de
los empresarios a firmar un pacto nacional en contra de la violencia del crimen
organizado.
Esta ocurrencia sacada de la manga carece de sentido, pues es
como llamar a misa. No creo que los criminales se intimiden con este tipo de
pactos.
La inutilidad de este tipo de pactos que no sirven para nada
la comprobamos en anteriores sexenios en donde incluso participaron
organizaciones no gubernamentales.
Lo que se necesita de las autoridades federales, estatales y
municipales es que cumplan y hagan cumplir a lo que los obliga la ley, esto es,
combatir a fondo la corrupción, la opacidad, la falta de rendición de cuentas,
la desigualdad social y la pobreza extrema de millones de mexicanos que son
caldo de cultivo de la delincuencia organizada. Queremos hechos, no
lamentaciones. Exigimos justicia contra estos criminales que se han infiltrado
en nuestras instituciones.
Como lo señalé en otra columna en esta tarea no solo es
responsabilidad del Gobierno de la República o de los gobernadores y
presidentes municipales, lo es también de los partidos políticos ya que son
ellos los que deciden quienes serán sus candidatos a un puesto de elección
popular.
En tanto continúan actuando con un frio pragmatismo clientelar
con el fin de ganar elecciones no les importar la biografía personal de quienes
postulan ya que es la rendija por donde
hoy se filtran los criminales como el alcalde de Iguala.
De continuar amamantando estos Frankenstein, estos erosionarán
a nuestro incipiente sistema democrático y miles de Igualas se reproducirán
como hongos en toda la nación.
En suma, el pacto en contra de la criminalidad hará lo que el
viento a Juárez: nada.