Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
En su toma de protesta como gobernadora del Estado de Sonora
la priísta Claudia Pavlovich en un encendido discurso en el que estuvieron
presentes el Jefe del Poder Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto y el líder nacional
del PRI, Manlio Fabio Beltrones, entre otros anunció una cruzada en contra de
aquellos servidores públicos que en la pasada administración del panista
Guillermo Padrés Elías cometieron actos de corrupción en perjuicio del Erario
Público estatal, lo que generó un intenso y prolongado aplauso de los
asistentes.
Sin embargo en entrevista por separado Manlio Fabio minimizó
el discurso beligerante de la gobernadora al expresar que no se trata de una cacería
de brujas.
El discurso de la nueva gobernadora no es nada novedoso en la
jerga política en nuestro país.
En el afán de ganar popularidad recurren a este tipo de
artificios que con el paso de los días todo queda igual, es decir, la impunidad
o si acaso es capturado un “chivito expiatorio” que le aplican todo el rigor de
la ley en tanto los grandes tiburones hasta son premiados con otro cargo
público como una cínica burla a la gente.
Casos de esta naturaleza los conocemos en los gobiernos
priístas, panistas y perredistas. Palabras y más palabras y desgarradoras
vestiduras.
Si la clase política gobernante pretende combatir enserio y a
profundidad institucional a la corrupción y la falta de rendición de cuentas será
realidad hasta que esos tres partidos aprueben las leyes complementarias del
Sistema Nacional Anticorrupción y en alguna de ellas quede asegurado la
obligatoriedad de que cualquier servidor público de los tres órganos de
gobierno y Entes descentralizadas y autónomas se obliguen a divulgar públicamente
su declaración patrimonial, declaración de impuestos y de interés incluyendo al
Presidente de la República en el interés de que todos sean sujetos de sanciones
en caso de incurrir en acciones ilegales.
Ahora bien toda esta herramienta jurídica debe estar en manos
de Fiscalías autónomas del poder Ejecutivo de manera que no ocurra lo que es el
origen de la impunidad, esto es, que un subalterno investigue a su jefe.
A la fecha los nuevos dirigentes nacionales del PRI y del PAN
se comprometieron públicamente y
seguramente el del PRD, a impulsar desde sus respectivas bancadas en el
Congreso de la Unión que el Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes
reglamentarias sean aplicadas el próximo año en todas las entidades de la
república tal y como lo mandata la Constitución.
Inicialmente lo podremos comprobar cuando se inicie el
proceso electoral el próximo año en 12 estados de la república cuando los que
se postulen a un puesto de elección popular cumplan lo que prometieron sus
dirigentes nacionales de que todos sus candidatos harán pública su declaración “tres
de tres”…
Otra de las
incongruencias.-Una fenomenal irritación a la opinión pública fueron las
últimas designaciones que hizo la Secretaría de Gobernación al designar al ex diputado federal y vocero
oficial del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Arturo Escobar y Vega
como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
¿Quién no conoce la trayectoria política y legislativa de ese
personaje cercano amigo del propietario de ese partido Jorge Emilio González
Martínez?
Siendo legislador fue uno de los artífices y propagadores de
la Pena de Muerte para los que delinquen o en su caso cadena perpetua. Todo mundo
entendió que más por convicción lo hizo con fines propagandísticos electorales
manipulando con ello la conciencia de millones de mexicanos que a diario son
agraviados por la delincuencia organizada.
En los pasados comicios federales el mencionado personaje fue
uno de los principales protagonistas para que su partido el Verde Ecologista
violara sistemáticamente la ley Federal Electoral al divulgar publicidad
electoral notoriamente ilegal lo que motivó que el INE sancionara a ese partido
por más de 500 millones de pesos mismos que pagará a plazos.
Fue tal la desvergüenza en la que incurrieron que miles de
ciudadanos demandaron se le quitara el registro.
En mala hora se mete otro autogol el mandatario federal al
designar a un sujeto carente de autoridad profesional para ejercer el cargo,
sin ética pública y el estigma de un político tramposo para violentar la ley. ¿En
dónde está la congruencia de las palabras con los hechos? ¿A caso fue pago de
factura del Gobierno Federal al PVEM por haber hecho posible la mayoría simple
en la Cámara de Diputados? Por eso estamos como estamos…