Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
Si bien el gobierno aliancista de Antonio Echevarría García
hace enormes esfuerzos por poner orden en las distintas dependencias de la
administración estatal y de esta manera implementar su proyecto de reactivar la
economía, distribuir mejor los programas sociales y mejorar los servicios
educativos, de salud, vivienda e infraestructura hidráulica y carretera y el
desarrollo agropecuario y pesquero de nuestra entidad, pero no debe –soslayar
en modo alguno- un problema prioritario que de no resolverse en el mediano
plazo dificultará el desarrollo económico, social y político de Nayarit en los
próximos cuatro años de gobierno aliancista. Me refiero al incremento de la
violencia del crimen organizado.
Por supuesto la violencia no debe combatirse con más
violencia. Eso está más que demostrado en los 11 años de gobiernos federales
panistas y priístas que aun con la utilización de las fuerzas militares
combatiendo a las bandas delincuenciales lejos de exterminarlas se han
multiplicado en cientos de células malignas por todo el territorio nacional.
El gobernador aliancista de Echevarría García en su
estrategia de combate al hampa organizada le apuesta por un lado a una política
preventiva que elimine paulatinamente las causas económicas, sociales y
políticas que son el caldo de cultivo de las bandas del crimen organizado y que
por falta de empleo a miles de trabajadores de la ciudad y el campo; la falta
de oportunidades a la educación a nuestros jóvenes; la pobreza en la que viven
miles de familias nayaritas, la creciente desigualdad social y la corrupción y
la impunidad de los servidores públicos son las causas estructurales de la
inseguridad pública.
Ante estos males que generan la criminalidad el Gobierno
Estatal deberá implementar a corto plazo las políticas públicas que atiendan
este reclamo popular.
La otra vertiente de combate a la criminalidad tiene que ver con
la integración de cuerpos policiales bien capacitados, bien pagados y equipados
de armamento moderno y del uso de tecnologías en los aparatos de inteligencia.
La otra tarea que incidirá en el combate a las bandas del
crimen organizado tiene que ver con la procuración y aplicación de la justicia.
Para nadie es desconocido que durante los dos últimos
gobiernos priístas, el de Ney González y el de Roberto Sandoval, los capos de
la droga hicieron pactos por debajo de la mesa para que los criminales fueran
filtrados a los cuerpos de seguridad pública estatal y municipales y comprados
o intimidaron conciencias de ministerios públicos, jueces y hasta magistrados,
es decir, las bandas delincuenciales tejieron nexos de complicidad con los
gobernantes en turno. El caso más patético y vergonzoso lo protagonizó el ex
Fiscal General del Estado Edgar Veytia “El Diablo” quien era el jefe de las
bandas que comercializaban la droga en todo el territorio estatal.
Por tales razones este gobierno aliancista con mayoría en el
Congreso del Estado tiene el deber moral y político de investigar y documentar
ante las instancias judiciales correspondientes todas las corruptelas y los
innumerables latrocinios cometidos por la anterior administración robertista
para que se les aplique todo el peso de la ley específicamente en los más de
300 desaparecidos y en localizar a los responsables de las decenas de
asesinatos ocurridos durante el pasado año.
Por otro lado gracias a las indagatorias de la organización
de familiares de las personas desaparecidas se han localizado fosas
clandestinas en Pantanal y en el municipio de San Blas. Según un recuento no
oficial se han localizado más de 40 cadáveres en estado de putrefacción. Se
desconocen sus identidades, por lo que antropólogos forenses de la PGR arribaron
a esta capital a coadyuvar a la identificación de los cadáveres.
Los familiares de las personas desaparecidas y la de los
asesinados reclaman una pronta justicia.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal ni la Fiscalía
General del Estado no deben eludir sus responsabilidades diciendo que tales
asesinatos ocurrieron en el gobierno anterior y que le compete investigar a los
aparatos de la justicia federal.
Por
sentido común para una eficaz lucha contra las bandas criminales la mejor
estrategia es la conjunción de esfuerzos de los cuerpos policiales estatales,
municipales, federales y militares y la participación de la sociedad civil. Que
nadie le escabulla al parche por cálculos políticos-electorales…